Alberto Fernández, en otro arrebato característico de su forma de gobernar, esta vez se ha pasado de la raya, y con ello suma otro dolor de la cabeza más a sus kumpas y a sí mismo.
Como si tal vez no tuviera asistentes y asesores que lo salven de sí mismo, o bien no les hace caso, Alberto actúa sin pensar y sin medir las consecuencias, además de que sus acciones en este caso atentan contra la separación de poderes y la democracia misma.
Esta vez, quizás presumiendo de moderno al usar las redes sociales para publicar sin filtro sus pensamientos, atacó en Twitter al Juez Leopoldo Bruglia, rugiéndole su desacuerdo con el fallo que deja en libertad a los integrantes de la agrupación «Revolución Federal”. Poco faltó para le “ordenara” al Juez que se retracte de su sentencia. Aprendiz de dictador milenial, resultó ser, queriendo (des)gobernar por Internet.
Con lo que no contaba era con la digna reacción de su víctima, que lo ha demandado por pasarse de bocón, y además de exigirle una disculpa pública, ha reclamado una compensación económica, muy proporcionada a la gravedad de la situación, considerando las investiduras de ambos involucrados. Que no son dos pibes en la calle dándose trompadas: son el presidente de la República y un Juez de la Suprema Corte, algo que a Fernández obviamente le importa un comino.
Pues bien, en caso de que la querella se resuelva a favor del demandante, la broma le costará a Alberto la bicoca de 40 millones de pesos argentinos.
Poco, si se considera el valor que tiene el honor y la dignidad de un Juez, representante de la justicia misma, a la que el presidente pone en tela de juicio, sin pensar en las consecuencias que ello pueda tener en la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema penal.
Este caso refleja las tensiones existentes entre el poder judicial y el poder ejecutivo en nuestro país. La independencia del poder judicial y el respeto a la institucionalidad son fundamentales para el funcionamiento de un sistema democrático y el Estado de derecho. El resultado de esta demanda y sus repercusiones podrían sentar un precedente importante en cuanto a la relación entre ambos poderes en el país.
En todo caso, las declaraciones del presidente fueron desmedidas y afectaron la imagen y el honor del juez Bruglia, lo cual no es poca cosa. En boca del mandatario de la nación, toda expresión indica una intencionalidad del Estado mismo, y considerando esto, Fernández no es quien para criticar las decisiones de otro poder del Estado, cuando él mismo ha cometido tan incontables sinsentidos en su gestión de la cosa pública.
No arroje piedras al techo del vecino, cuando el suyo propio es de cristal, presidente Fernández. El bien merecido castigo, si procede, será más importante en su parte moral que en la económica: las disculpas que Fernández tendría que pedir públicamente, le pondrán en su lugar, para que la próxima vez piense bien antes de abrir la boca. O teclear en Twitter.
