En la mañana de hoy el diario La Nación publicó un gran editorial donde habló lisa y llanamente de la «estafa de las pensiones por invalidez» que fueron cometidas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En un extenso editorial la gente de La Nación da cuenta que, entre otras cosas, en 2003, los beneficiarios de este sistema de pensiones no contributivas por invalidez ascendían a poco más de 170.000. Para 2015, al concluir el segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner, superaban el millón: 1.045.000 personas.
La cifra oficial del aumento de las pensiones por invalidez son realmente alarmantes y permite inferir que algo pasó para que se diera un incremento tan desproporcionado cuando durante esos años en el país no hubo hechos que hubiesen dejado tal cifra de personas con discapacidad.
Estas cifras de pensiones por invalidez se incrementan apenas uno comienza a bucear en las provincias del interior de país, donde los índices muestran una gran desproporción entre las personas que cobran una pensión por invalidez en relación al número total de habitantes de cada pueblo.
Todo este tipo de irregularidades genera que los recursos del Estado no lleguen en forma correcta a quienes verdaderamente debe llegar, ya que el dinero que están cobrando personas a las que no les corresponde, está faltando para educación, justicia, salud, obras públicas, como así también para incrementar los montos de dinero que deberían cobrar quienes en verdad tienen una invalidez.
El en el mismo editorial de La Nación dan cuenta que ante el intento del actual Gobierno de poner la lupa sobre las irregularidades con las pensiones por invalidez se encontró con el obstáculo que ante un recurso de amparo colectivo, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que avanzaba en un proceso de actualización de información de los titulares de pensiones en las que se detectaran incompatibilidades, tendiente a avanzar hacia su recorte si se comprueban irregularidades.
Finalizando el editorial, la gente de La Nación expresa «Hemos asistido y, seguramente seguiremos asistiendo, al sonoro e injustificado reclamo de quienes temen perder inmerecidas prebendas. Estamos ante una estafa y el Gobierno no tiene que dudar a la hora de dar de baja el beneficio a quienes no acrediten debidamente lo que exige la ley».
«Debe también evitarse que dirigentes, funcionarios y médicos involucrados en cualquier condenable maniobra de defraudación con dinero de los contribuyentes queden impunes. Acabar con falsos privilegios permitirá reconsiderar los montos asignados a quienes en verdad son merecedores de regímenes especiales, en lugar de llenar desvergonzadamente corruptos e inescrupulosos bolsillos».
Contundente editorial del diario La Nación que relata no solo como durante el gobierno de Cristina Kirchner se entregaron pensiones por invalidez a miles de personas que no cumplían con las condiciones para recibirlas, sino que ademas, ante el intento del actual Gobierno de Mauricio Macri, de poner en orden las cosas y cortar por lo sano, la justicia en lugar de apoyar la medida le dio la espalda.
Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿Que le pasa a algunos jueces argentinos que frente al reclamo que quienes no quieren perder privilegios mal habidos les terminan dando la razón?
Tal vez como es un tema sensible el de la invalidez, los jueces no quieren meterse, cuando en verdad hay que involucrarse para que quienes realmente necesitan de un beneficio del parte del Estado pueden cobrarlo y sacar a los vivos de siempre. Pero parece que en este país para algunos jueces el temor es más grande que la responsabilidad.
