Se acabó la fiesta para los Gobernadores que regalaban viviendas sociales a su antojo

Cuando en el año 2015 la gente de “Cambiemos”, además de un cambio, proponía transparencia y seriedad, gran parte de la sociedad argentina vio con buenos la propuesta y de a poco esto se está llevando a cabo.

Y es que desde el Gobierno se pusieron firmes con el caso de las viviendas sociales, que entregan a los más vulnerables las diferentes provincias del país, ya que todo estaba descontrolado y turbio, pero a partir de ahora todo se hará de una forma transparente.

Sucede que hasta el día de ayer el listado de preadjudicados y beneficiarios de viviendas sociales que eran entregadas por las provincias, pero financiadas por el Estado, era optativo, y desde hoy en más será de carácter obligatorio.

A través  de la resolución 19/2018 emitida por la Secretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio de Interior, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se establece el SIGEBE, un sistema de adjudicación que el Gobierno calificó como “objetivo, público y transparente”, que tiene como objeto validar y gestionar procesos de identificación, adjudicación y selección de beneficiarios de viviendas sociales.

De esta forma los diferentes entes provinciales que gestionan los fondos que reciben de las arcas del Estado no recibirán pagos de certificados si, dentro de los próximos 20 días, no adecuan sus sistemas de información al nuevo régimen.

Lo que busca hacer el Estado es ver que efectivamente las viviendas sociales son recibidas por aquellas personas que no tienen una vivienda, y tampoco tiene recursos propios para adquirirla.

El Ejecutivo cruzará la información con distintas bases de datos y puede observar la adjudicación si la persona no está debidamente identificada, figura en el padrón de fallecidos, tiene un inmueble a su nombre, está inscrita en algún otro programa de vivienda social o registra algún beneficio previo, como la adjudicación de un plan Procrear.

Ivan Kerr, secretario de Vivienda dijo en declaraciones a la prensa “La principal finalidad del este sistema es asegurar la transparencia en el proceso de adjudicación de las viviendas, para que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes más lo necesitan”.

De esta forma se termina con la fiesta que  hacían algunos gobernadores que adjudicaban viviendas sociales a punteros políticos y demás personas que realmente no la necesitaban, dejando fuera del sistema a quien verdaderamente necesitaba una casa.