Durante años, los pasajeros de la aerolínea de bandera han sido víctimas recurrentes de paros y asambleas sindicales que, bajo la dirección de Pablo Biró, líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y otros dirigentes gremiales, han paralizado el servicio aéreo, afectando a miles de personas que dependían de los vuelos por razones de trabajo, turismo o salud.
El impacto de estas medidas sindicales llegó a su punto máximo el pasado lunes en el Aeroparque Jorge Newbery, donde 6.500 pasajeros vieron sus planes truncados debido a la interrupción de los servicios de cabotaje y vuelos regionales. Las asambleas causaron demoras y cancelaciones masivas, afectando a Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Latam Airlines, aunque el grado de afectación varió según la compañía.
La paciencia se agotó. Aerolíneas Argentinas, junto con Intercargo, anunció una medida sin precedentes: descontará del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas a aquellos empleados que participen en paros o asambleas que impidan a miles de pasajeros ejercer su derecho a volar. Esta decisión no solo busca restablecer el orden en el sector, sino que también establece un precedente claro en la relación entre el Estado, los sindicatos y los derechos de los usuarios.
Además, las empresas presentarán una intimación formal ante la Secretaría de Trabajo, exigiendo que los gremios garanticen la prestación de servicios de transporte aéreo mientras se desarrollan las asambleas futuras ya anunciadas. Este paso busca limitar el uso abusivo de las asambleas como herramienta de presión sindical, que en muchos casos terminan siendo paros encubiertos, perjudicando a quienes dependen del transporte aéreo.
Fuentes cercanas a las empresas explicaron que esta medida responde a un cambio en la política gubernamental respecto a la resolución de conflictos gremiales. “Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas”, afirmaron.
Este endurecimiento en las políticas hacia los sindicatos se alinea con un contexto en el que el Estado busca mayor eficiencia y menos interrupciones en servicios esenciales, como el transporte aéreo. La medida no sólo marca un nuevo capítulo en la historia de Aerolíneas Argentinas, sino que también envía un mensaje contundente a otros sectores sobre la importancia de equilibrar los derechos laborales con los derechos de los usuarios.
Se terminó la época en la que los sindicalistas podrían paralizar el transporte aéreo sin consecuencias económicas. La nueva política de “el que no trabaja, no cobra” promete ser un punto de inflexión en la gestión de conflictos laborales, asegurando que los pasajeros ya no sean rehenes de disputas gremiales.
