Llegan momentos que se deben tomar decisiones y ahí hay gente que se le empieza a complicar su futuro. O por los menos, se les puede venir unas noches complicadas donde tendrán que demostrar algunas situaciones.
Así, el calificado fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a dos zurdos: al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, por extorsión a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2 porciento de los haberes que reciben los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
En la presentación judicial acusa por los presuntos delitos de amenaza y extorsión ya que “obligaban a la gente que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que le daban de parte del ministerio de Desarrollo Social.
En los argumentos, el titular de la fiscalía nacional mostró las propias palabras en los medios de Solano quien afirmó lo siguiente de clara manera:
“en el Polo Obrero se da un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.
Un rato más tarde de lo sucedido, y ante la consulta del medio Infobae, Belliboni junto a la Mesa Directiva del Polo Obrero confirmó el suceso. Según la versión de los zurdos sería “un aporte voluntario votado en las asambleas”, algo realmente llamativo.
Además, el Polo Obrero se justifica diciendo que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba de manera colectiva el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.
El Polo Obrero cuenta con unos 60.000 asociados que son beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si a cada uno se le retiene la suma de $380 el saldo sería de unos 22.800.000 pesos al mes. Al año, el total de retención llegaría a 273.600.000 pesos.
La verdad, que llama la atención la retención de semejante cantidad de dinero mensual y lo que llegaría si se lo hace anual. Seguramente la justicia investigará donde estará ese dinero y si se cumple con la función que debería atender.
Por todo lo dicho, es que para el fiscal federal las circunstancias descriptas bastan para entender que “existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168″.
El primer artículo correspondientes a las amenazas, es reprimido con una pena de seis meses a dos años de prisión; el segundo en relación a “extorsión” tiene penalidad de prisión de cinco a diez años.
En el escrito, el fiscal resume que hay argumentos más que claros para investigar “las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni”.
En fin, veremos que será del presente y futuro de los zurdos y piqueteros Solano y Belliboni y si podrán justificar lo que la justicia les está solicitando.
